viernes, 5 de junio de 2009

LOS CIUDADANOS EN CHILE TENEMOS DERECHOS, ES NUESTRA RESPONSABILIDAD EXIGIR QUE SE CUMPLAN.


¿Ha sentido usted en alguna ocasión que están pasando a llevar sus derechos?, ¿que la justicia no es igual para todos?, ¿que su opinión poco importa en las decisiones que involucran a todos? Es muy probable que haya tenido estas sensaciones al comprobar, por ejemplo, que a fin de mes su cuenta de luz o agua se vuelve más y más cara, sin que nada ni nadie limite a las empresas en la indiscriminada alza de precios. O cuando no recibió la atención que esperaba en algún servicio público. Tal vez, cuando se enteró de que una empresa está contaminando su propia agua, aire o alguna de las tantas cosas que pudo haber comido usted y su familia la semana recién pasada. O aquella vez que, defraudado, vio que su candidato no hizo lo que prometió. Es más probable aún que usted esté pensando, justo ahora, en muchos otros ejemplos que también deberíamos mencionar. Pues bien, estamos hablando de lo mismo.

Sin embargo, frente a estas situaciones lo que la mayoría de las veces hacemos es… nada, básicamente porque existe la idea de que hagamos lo que hagamos, nada va a cambiar. Y claro, mientras nada se haga, nada cambia. Veamos ahora esto desde una perspectiva no menor. Con diferentes matices, se viene desarrollando en la ciudadanía una disposición a ejercer y demandar sus derechos, que no es algo que estemos inventando, pues es posible constatarlo en las movilizaciones de estudiantes, en la defensa hecha por grupos medioambientales (problemas que hemos escuchado en la tele, como la muerte de los cisnes a causa de la contaminación de Celco, en Valdivia, o la oposición de ciudadanos a la explotación del proyecto Pascua Lama), e incluso es visible en las recientes acciones ciudadanas espontáneas en repudio a la avaricia desmedida de las grandes farmacias, o en la demanda colectiva, impulsada por un grupo de abogados el año pasado, al Transantiago, por brindar un servicio de mala calidad.

Es importante tener en cuenta éstas y otras iniciativas que puedan apoyar este “actuar en derecho”, de modo que no sean sólo hechos que escuchamos cada cierto tiempo en los noticiarios, sino que madure y perdure esta actitud en la ciudadanía. Por cierto, si es su caso, es igualmente importante que se cambie del Chile que permite que pasen a llevar sus derechos al Chile que hace valer sus derechos.

Tal es el caso de una experiencia en la que hemos participado desde hace más de una década, en 7 comunas de las regiones IV, Metropolitana y VI, en la que organizaciones como juntas de vecinos, deportivas, de jóvenes, mujeres, etc., han creado redes de colaboración que llamaron consejos ciudadanos, por medio de los cuáles canalizan sus demandas y propuestas a las autoridades comunales. Ha sido un proceso de alegrías y sinsabores, pero necesario para darnos cuenta de que se requiere un nuevo paso, que estamos dispuestos a dar. Nos hemos propuesto fomentar la creación de un espacio convocante, que avance al nivel provincial en Melipilla y Talagante, acá en la región Metropolitana, así como en otras 2 provincias de las regiones IV y VI. Que además, se transforme en una oportunidad de profundizar el aprendizaje respecto a conceptos tales como participación y contraloría social, y en la generación de estrategias conjuntas para continuar por esta senda. Mientras más seamos, mejores posibilidades tendremos de posicionar a la ciudadanía en el lugar que le corresponde, de fomentar el diálogo, de fortalecer la democracia. No queremos pelear con nadie, sino dar contenido real a la democracia desde las ciudadanas y ciudadanos, quienes deben ser los reales protagonistas de un proceso democrático, porque quien crea que esto es crear conflictos, o que los ciudadanos y ciudadanas que hacen esto son “conflictivos”, está negando ésa democracia y los derechos. En realidad está diciendo “yo no estoy de acuerdo con que la gente exija sus derechos”, o “es mejor que las cosas sigan tal cuál”. Nuestro aporte a estas redes provinciales serán escuelas de capacitación, asesorías, vínculos con otras organizaciones sociales de Chile y la realización de actividades y otra serie de acciones que colaboren en visualizar las problemáticas ciudadanas. En esto es importante difundir algunas reflexiones.

Ciudadanos y ciudadanas, hay ideas que como sociedad tenemos erradas. Acá mencionaremos cuatro. ¡Mucho ojo con esto! La primera es que cuando hablamos de autoridades tendemos a pensar que tienen autoridad sobre nosotros y que, por tanto, ¡la desobediencia (en este caso, civil) es un pecado! Hay que decir que el tiempo de los gobernantes con esos atributos, como reyes y emperadores, pasó hace rato. Tienen autoridad, sí, para tomar decisiones en pos de una mejor calidad de vida de la ciudadanía (a usted le corresponde juzgar si sus decisiones fueron buenas o no), pero son ellos quienes deben responder a ése mandato que usted le entrega en su voto, no al revés. Las autoridades son mandatados; usted, junto a la ciudadanía toda, los mandatarios. La segunda idea errada, se refiere a una confusión respecto a la política. Una cosa, y válida, es que usted tenga una buena o mala evaluación de los partidos políticos y los políticos, pero nos equivocamos si por ello tomamos la decisión de renunciar a nuestro ejercicio político. Eso sería como querer deshacernos de un auto porque se nos pinchó una rueda; el problema no es el auto, es la rueda pinchada y la solución es cambiarla. La política, en síntesis, es un proceso en que se toman decisiones (por cierto, con disputa entre intereses distintos) que se vinculan a nuestra vida diaria y al destino de una sociedad. Si usted cree que la política es para los políticos, en realidad está renunciando a su derecho de ser parte de las decisiones que afectarán la educación de sus hijos, su salud, su sueldo, el precio de sus compras, el aire que respira, el agua que toma, etc., etc. Si decide retomar su responsabilidad política, usted y la ciudadanía serán las ruedas nuevas que necesita la política para moverse hacia una mejor democracia. La tercera idea errada apunta a la Ley. El propósito que justifica la existencia de leyes es generar un marco que regule, para mejor, la vida en sociedad. De ahí, la importancia obvia de que cuando se hacen leyes, se hagan con los intereses de todos y para todos (otra vez, le corresponde a usted juzgar si esto se ha hecho así o no). Entonces, la Ley es el instrumento que vela por algo superior a la Ley misma: los intereses de todas y todos quienes somos “la sociedad”. Es lógico, en consecuencia, que la legitimidad de la Ley se base en la protección del interés de todos. Si el interés de todos hoy no es el mismo que el de hace 50 años, no tiene sentido continuar con la misma Ley; mucho menos, si no vela de igual manera por todos. La cuarta idea errada es la valoración que tenemos de nuestro trabajo. El progreso de la sociedad se basa en el trabajo suyo y el de cada uno de los ciudadanos. Es innegable el valor de las buenas ideas que tienen personas (que hoy suelen llamarse “emprendedores”), pero una buena idea sin las manos necesarias para llevarla a cabo, no sirve. En consecuencia, como todo en la vida (sobretodo en estos tiempos), es bueno ser agradecido, pero ni el tener trabajo ni el sueldo de fin de mes son regalos, sino que ambos son el fruto del trabajo que usted aporta para que lo que en un momento fuera una buena idea, hoy beneficie a muchos.
Si usted es parte de algún grupo que ha levantado alguna situación de vulneración de derechos o le interesa hacer público un problema en su comunidad, contáctese con nosotros

1 comentario:

  1. Dictamen de la Contraloría General de la República, emitido el 19 de junio, que prohíbe a las juntas de vecinos participar en actividades de campañas políticas y que esgrime el artículo 3 de la ley N° 19.418. Esto inhibe la participación y el fortalecimiento de las organizaciones sociales, como las juntas de vecinos.
    Un dictamen como éste, es dejar el mundo al revés, ya que la misma junta de vecinos es una organización social política, que busca mejorar las condiciones de vida de sus socios o al menos considerar sus necesidades múltiples.
    Conveniente, es por lo tanto, salir al encuentro de una fatalidad jurídica que aplicada de manera amplia, hace daño a las juntas de vecinos, las que estarían impedidas de plantear sus inquietudes y necesidades a las personas que ejercen cargos políticos, sean estos Concejales, Alcaldes, Diputados y Senadores, por la condición de proselitismo político.
    La afinidad entre una idea, que busca evitar la intervención política del Gobierno de turno y la otra de sacrificar la participación ciudadana a través de las junta de vecinos, creyendo que con esa medida se justifica por la neutralización de la primera, son vivencias distintas y tal medida, lo que hace es equivocarse, ya que promueve el reclutamiento de las libertades, por lo que podría sobrevenir el hastío del pueblo por este modelo de vida, llamado democrático.
    Es preciso articular las verdades que han surgido, por un lado una alta preocupación por la falta de interés de los jóvenes en participar en política y por otra se dice fortalecer el Gobierno Ciudadano, en donde las personas se involucran, participan y son actores fundamentales en las decisiones que se tomen en relación con ellos, están en la agenda social, pero medidas como la expuesta, es antagónica a esos mismos principios que el Estado desea impulsar.
    El dictamen, es escandaloso, por esto reclamo su esclarecimiento, ya que tal como lo entiendo, pone en riesgo la sobrevivencia de las juntas de vecinos, que están expuestas a ser sancionadas por proselitismo político, lo que restringe su accionar y limita la libertad de expresión.
    Cuántas reuniones de las juntas de vecinos, en conjunto con autoridades políticas de un lado y de otro, han logrado sacar caminos, construir postas médicas, escuelas, alumbrado público, alcantarillado, agua potable, pavimentación de calles, control de la delincuencia, becas para estudiantes, ayuda para los minusválidos, bibliotecas públicas, internados, paraderos en las vías de acceso, señalización del transito, radios comunitarias, mejoramiento de la vivienda, postulación a subsidios , construcción de puentes etc.
    Destaco también que sus cedes, en algunas localidades apartadas, es el único lugar en donde se pueden reunir, por ello invito a comprender estas realidades, en coherencia con el fortalecimiento de la participación y el acceso a la información, estas verdades, empalma en todos los sentidos con la realidad, y al hacerlo se constituye como autentico criterio verosímil, que debemos continuar protegiendo.
    No podemos caer ahora en el imperialismo jurídico, que intenta dominar todo, es paradójica en su raíz misma sin escindir de estas realidades, sin preguntarse ¿Cuál es su fin? ¿A quién favorece? ¿Cuál es el valor que se protege con este dictamen?

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